Dos de cada tres españoles afirman que, en conjunto, las principales instituciones del país no funcionan como tienen que funcionar y tres de cada cuatro personas se sienten desprotegidas y desamparadas, según una encuesta de Metroscopia, y todo esto en medio de una profunda crisis económica y financiera sin señales de terminar.

No faltan ejemplos de instituciones que incumplen su función, empezando por la justicia, cuya imagen pública está por los suelos gracias a Carlos Divar, quien no ha tenido más remedio que dimitir como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS) por presunta malversación del fondos públicos en una época en la que los ciudadanos estamos hartos de tanto despilfarro y opacidad. La arrogancia de Divar en no dar ninguna explicación de los 20 desplazamientos de fines de semana, por no considerarlo necesario, es increíble.

Igualmente reprensible es el comportamiento de Alberto Ruíz Gallardón, el ministro de Justicia, quien justifica su oposición a la comparencia de Divar en el Congreso porque “no es competencia” de éste “el control político del órgano de gobierno de la magistratura”. Pero los nombramientos de los miembros del CGPJ y del TS dependen en última instancia de los dos partidos mayoritarios.

Entre un 69% y un 78% asegura que el TS, el CGPJ, el Ministerio de Justicia, los jueces y magistrados y la forma en que la justicia está organizada funcionan mal o muy mal. Yo añadiré otra institución, que a mi modo de ver pertenece a la justicia, y ésta es el Tribunal de Cuentas (TC), el órgano supremo fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado que supervisa, entre otras cosas, las finanzas de los partidos políticos pero que no controla nada. Como el TS y el CGPJ, el TC es un órgano politizado — sus miembros son designados por la clase política (seis por el Congreso y seis por el Senado). El TC nunca ha hecho nada ni en temas de endeudamiento ni de déficit público o la falta de transparencia en las finanzas de los partidos, ni ha propuesto la destitución de gestores. Sobran casos para investigar, como, por ejemplo, el aeropuerto inútil de Ciudad Real, obra de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha bajo los socialistas.

Los consejeros del TC, algunos de los cuales tienen más de 80 años y más de 20 en el puesto, cobran 112.000 euros anuales y se limitan a “controles muy formales” en palabras de Transparency International, la organización mundial anticorrupción. A los dos grandes partidos, no les interesa que el TC esté fuera de su control aunque legalmente goce de independencia.

Me irrita cada vez que leo en la prensa las etiquetas “progresista” o “conservador” al lado de los nombres de los miembros del CGPJ y del TS. ¿Qué tiene que ver estas etiquetas con ser un juez imparcial y bien formado? Además, la justicia trabaja a paso de tortuga, con una enorme acumulación de casos año tras año. Hace casi SIETE años que el Partido Popular presentó ante el Tribunal Constitucional (otro órgano designado por la clase política) un recurso contra la ley que modificó el Código Civil español para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y no tenemos el dictamen. ¿Qué hacen sus señorías?

Las autoridades bancarias tampoco han cumplido su papel. Hace más de tres años que Caja Castilla La Mancha (CAM) fue intervenida por el Banco de España, la primera víctima de un exceso de préstamos al sector inmobiliario y falta de supervisión. Pero solo ahora se sabe el verdadero alcance de la crisis de las cajas y de algunos bancos.

El sistema educativo y el modelo productivo (tan concentrado en el ladrillo), ambos en última instancia responsabilidad de la clase política, tampoco rinden. Nada resume la triste situación mejor que el hecho de que España sea uno de los países de Europa con más jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan, lo que se ha llamado “generación nini”. Con un 23,1% en 2011, es el quinto país del continente con el porcentaje más alto; por delante solo están Bulgaria (27,9%), Italia (25,2%), Grecia (24,4%) e Irlanda (23,9%), mientras que la media europea es del 16,7%, según Eurostat. En 2007, justo antes de la crisis económica, la tasa para España era del 13,8%, en línea con la media europea.
http://www.elimparcial.es/nacional/las-instituciones-incumplen-106934.html