Irlanda y España tienen en común más que burbujas inmobiliarias. Ambos países tienen senados que son obsoletos. Los votantes en Irlanda acaban de rechazar, por sorpresa, en un referéndum la propuesta del Gobierno de eliminar el suyo. Sospecho que una votación similar en España tendría éxito.

El Seanad Éireann fue creado en 1922 poco después del establecimiento del Estado Libre Irlandés, y cuenta con 60 miembros designados: 11 por el jefe del Gobierno, seis por las universidades y los 43 restantes por la clase política en paneles formados por los miembros de la Cámara Baja, los senadores salientes y concejales municipales. Al ser una institución cuyos miembros no son elegidos por los votantes, tiene un carácter antidemocrático.

Como parte de una estrategia para mejorar la muy mermada credibilidad de la clase política, Enda Kenny, el taoiseach (primer ministro), propuso abolir el Senado y ahorrar unos 20 millones de euros al año de dinero público. La victoria de los votos en contra de suprimir el Senado (51,7% en contra y 48,3% a favor) es un duro revés pero Kenny no tiene que dimitir. El referéndum ha costado la misma cifra de 20 millones de euros.

El Senado español, con 266 escaños (incluyendo los 58 designados por los parlamentos autonómicos), ha estado bajo lupa durante muchos años, dada su dudosa utilidad. Según el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, Roberto Blanco: “Si no estamos dispuestos a cambiarlo en serio, quitémoslo. Es una cámara inútil que no añade nada al proceso legislativo ni al control al Gobierno, y no le hace caso nadie, ni siquiera cuando veta los presupuestos”.

Uno de los más conocidos senadores (cobran un sueldo que ronda unos 5.000 euros al mes) en una institución que brilla por su ausencia en la vida pública era Luis Bárcenas, y uno que acaba de incorporarse el mes pasado, designado por el Parlamento de Andalucía, es José Antonio Griñán, el ex presidente de la Junta de Andalucía durante cuyo mandato ocurrió el escándalo de los ERE. En el caso de ser imputado en el escandalo de los ERE, Griñan disfrutará de la condición de estar aforado.

Entre las funciones del Senado está la de proponer al Rey el nombramiento de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y la designación de seis vocales del Consejo General del Poder Judicial, así como la potestad de autorizar al gobierno a intervenir las comunidades autónomas. Ambos instituciones están desacreditadas.

En su función de segunda lectura el Senado puede enmendar parcial o totalmente (veto) las leyes, pero el Congreso puede anular esa votación hasta por mayoría simple. Y si acaso tuviera la tentación de presionar al Congreso, la Constitución le impone un límite de dos meses para revisar una ley. Pasado este plazo, se entiende aprobada.

En cuanto a su función de representación territorial, en las dos cámaras se elige por circunscripción provincial y los parlamentarios se organizan en grupos partidarios, por lo que el Senado, tal como está concebido, no añade nada especial a favor de los intereses autonómicos, que ya se defienden en el Congreso.

Así que el Senado tiene un papel insignificante. Tiene las competencias legislativas de una comisión del Congreso. Llama la atención que ninguna encuesta electoral ha preguntado por el Senado, que yo sepa.

Estamos en el peor de los mundos: los partidos políticos no lo van a tocar y no lo van a suprimir, salvo Esquerra Republicana de Cataluña que quiere abolirlo por sus propios motivos.

Reformarlo y darle poderes significa que el Congreso tendría que renunciar a parte de sus poderes y los dos partidos grandes tendrían que perder una importante vía de financiación.

Convertirlo en un senado de tipo federal significa que todas las autonomías deberían ser iguales, y no lo son, y esto es imposible sin cerrar de una vez por todas el mapa territorial de España, que es la madre del cordero de la política española. Encima, una parte de la población de una autonomía, cuyo nombre prefiero no recordar, quiere separarse.
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