Si España hubiera dejado de pagar su deuda soberana, algo que según algunas fuentes casi ocurrió, habría continuado una tradición bien establecida durante el reinado de Felipe II cuando el país se convirtió en el primer deudor moroso (defaulter) en serie. El rey dejó de pagar cuatro veces.

De acuerdo con los estándares modernos, los impagos en el siglo XVI fueron moderados, resueltos amigablemente y a satisfacción de todas las partes involucradas. Y a diferencia de las obligaciones hipotecarias tituladas de alto riesgo (sub-prime mortgages), que desencadenaron la crisis financiera que aún no ha terminado, los banqueros del siglo XVI tuvieron un mecanismo de transferencia de riesgo bastante más efectivo. Los inversores compartieron las ventajas y desventajas de los préstamos al monarca de la casa de Austria, y las pérdidas en proporción a su inversión. Los bancos terminaron en posesión de la parte menos tóxica de los activos, al contrario de lo que ocurre hoy.

Si en tiempo de galeones y mensajeros a caballo existían acuerdos adecuados de distribución de riesgos, ¿por qué no es posible hoy con satélites, viajes en avión e internet?

El fascinante libro de Mauricio Drelichman y Hans-Joachim Voth, Lending to the Borrower from Hell: Debt, Taxes and Default in the Age of Philip II (Princeton University Press) — “Préstamos al prestatario del infierno: la deuda, los impuestos y los impagos en la época del Felipe II” — desmonta el mito muy extendido que el declive de España después de Felipe II se debe a una política fiscal irresponsable y a la expansión imperial excesiva (imperial overreach, un término popularizado por el historiador Paul Kennedy de la Universidad de Yale).

Según los autores, el sistema español de finanzas públicas era comparable con los de otros países europeos como Gran Bretaña, Francia y Holanda. Los gastos no aumentaron mucho más rápidamente que los ingresos y el peso de la deuda sobre el conjunto de la economía no era excesiva. Los autores lo demuestran con estadísticas.

El problema fundamental en España fue no poder centralizar la administración fiscal e integrar en un todo más amplio los territorios heterogéneos, algo que no se ha resuelto aún como demuestra la crisis constitucional con Cataluña. En lugar de la concentración de demasiado poder en manos de un monarca absoluto, “el principal defecto era la carencia de capacidad del Estado para actuar, del gobierno para afirmar un monopolio de violencia, defender sus fronteras, imponer un sistema fiscal uniformizado, administrar la justicia, y obtener los recursos para ejecutar estas tareas”. En estos días esto suena familiar.

Para los autores, esta situación era la consecuencia de un nivel inicial muy alto de heterogeneidad política y de lo que llaman “los efectos perniciosos de la plata [de las colonias en el vasto imperio]sobre la capacidad del estado.”

Fuera de Castilla, la posición del rey era aún más débil, como demuestra el famoso juramento de los nobles de Aragón con la llegada al trono de un nuevo rey, “Nos, que cada uno de nosotros somos igual que vos y todos juntos más que vos, te hacemos Rey si cumples nuestros fueros y los haces cumplir, si no, no”. Este no es el lenguaje de una monarquía absoluta.

Hasta la llegada de los reyes borbones, no hubo ningún intento exitoso de unificar representación, sistemas legales y el sistema fiscal.

La reforma del sistema fiscal se ha convertido otra vez hoy en una cuestión candente y un punto clave para poder establecer cuentas públicas sostenibles. Con una deuda pública del 96% del PIB (casi el triple de 2007) y una brecha entre gasto público e ingresos fiscales de alrededor del 5% del PIB durante la vida de un ciclo económico “normal” (que no es la situación actual) — en otras palabras un alto déficit presupuestario—, España tiene que recaudar mucho más o seguir con los recortes en el gasto público.

Con tipos impositivos similares a otros países europeos, el problema de la insuficiente recaudación no reside en una baja presión fiscal. Radica en un fraude elevado, reflejado en una economía sumergida en expansión, que ningún gobierno democrático ha querido combatir, una generosa posibilidad de evasión para muchos contribuyentes y desgravaciones excesivas.

Recomiendo a Cristóbal Montoro que lea no solo el informe de la comisión de expertos sobre la reforma del sistema tributario, sino también este libro.