España esta entrando en aguas turbulentas e inexploradas. Tiene que afrontar un duro plan de ajuste a la vez de una clase política crecientemente polarizada e incapaz de ponerse de acuerdo sobre ninguno de los grandes problemas estructurales (el sistema educativo, judicial y de autonomías y el mercado laboral, entre otras). España tiene que ser el único país europeo donde tanto el Presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición (y por ende un posible presidente) inspiran tan poca confianza. Según una encuesta de Metroscopia publicado este mes, nada menos que el 77% de los encuestados tienen poca o ninguna confianza en José Luis Rodríguez Zapatero y el 82% en Mariano Rajoy.

Estos resultados no sorprenden. Un presidente que hasta una semana antes de tomar las medidas anticrisis pensó que no fueron necesarias y un potencial líder de un gobierno alternativo quien durante meses estuvo pidiendo recortes drásticos y al anunciarlos Zapatero optó por un discurso de oposición total, y sin presentar sus propias medidas, no inspiran confianza. Un país es como una familia. Cuando tiene un déficit presupuestario demasiado alto o se cortan los gastos o se suben los ingresos (en el caso de una nación aumentando los impuestos, combatiendo el fraude fiscal, que sigue siendo alto en España, o privatizando empresas estatales). Esta última opción se puede descartar porque queda poco significativo para privatizar salvo empresas como RENFE. Y privatizarlo sería un desastre: basta ver el caótico y deteriorado sistema de ferrocarriles en el Reino Unido, privatizado por el partido conservador de John Major durante los años 90.

Mientras Esperanza Aguirre recoge firmas contra la subida del IVA al 18% en julio, en Portugal (también con un Gobierno socialista) se va a subir este impuesto hasta el 21% con apoyo de la oposición conservadora. El país vecino que muchos españoles desprecian está dando una lección. Encima, Dolores de Cospedal ha puesto en marcha una ofensiva con mociones del Partido Popular en todos los Ayuntamientos y comunidades para oponerse a la congelación de pensiones, y en las Cortes el PP pidió la dimisión de Celestino Corbacho, el ministro de Trabajo. ¡Vaya irresponsabilidad y demagogia! Más irresponsable es el Gobierno por haber reaccionado tan tarde, como si España pudiera seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Los especuladores no han creado el déficit. Otros problemas sí.

El PP es el partido que pretende sacar España de sus problemas. Para ganar un mínimo nivel de credibilidad, tiene que presentar su propio plan y detallado para reducir el déficit del 11,2% en 2009 al 3% en 2013, la fecha tope acordada por los Socialistas con la Comisión Europea. No estaría mal reducir ministerios y cortar financiación a sindicatos y partidos, como propone el PP, pero tal es la magnitud del déficit que el impacto de estas medidas seria mínima. Que adopten las reformas propuestas por José María Aznar el 17 de mayo en un artículo en el Financial Times (mercado laboral, reducir el tamaño de las administraciones autonómicos, hacer más viable el sistema de pensiones, etc) — pocas implementadas durante su mandato.

Mientras tanto, el problema más urgente en España, es cómo se va a crear empleo para los 4,6 millones de desempleados con un modelo económico desgastado (excesivamente basado en ladrillo) y los cimientos de un nuevo sin hacer. Ya hay un millón de personas menos trabajando en el sector de la construcción que hace dos años y un millón de casas que no se han vendido. ¿Alguien cree que este sector volverá a ser un motor de la economía (en términos de empleo, no en su aportación al valor añadido por su baja productividad)? Aunque crezca la economía, la tasa de desempleo del 20% no va a bajar hasta por debajo del 10% para años. Este significa bajos ingresos fiscales para el Gobierno y alto gasto social, y un déficit cuya reducción que va poner a prueba la cohesión social y la clase política.
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