Las autonomías son culpables de gran parte del aumento del déficit público que el Gobierno de Mariano Rajoy está luchando por reducir con poco éxito y que ha puesto España en el ojo del huracán. Después de leer un fantástico libro, La casta autonómica (publicado por La Esfera de los Libros en marzo) de Sandra Mir y Gabriel Cruz, he llegado a la conclusión que se ha creado un monstruo de muy difícil solución.

El llamado “café para todos”, que empezó después de la Constitución de 1978, ha dado lugar hoy a 19 miniestados autonómicos junto con 8.116 ayuntamientos (unos 2.000 más que Alemania aunque España tiene 35 millones de habitantes menos), 4.000 empresas públicas, 41 diputaciones, siete cabildos y cuatro diputaciones forales, y muchas duplicidades sobre todo entre comunidades y diputaciones. Desde 1996 hasta 2010, el número total de asalariados públicos ha crecido en cerca de un millón, pasando de 2,2 millones de personas a 3,17 millones, según el Círculo de Empresarios. Este cambio se explica por el aumento de 1.200.000 asalariados públicos en las comunidades autonómicas y 250.000 en las corporaciones locales, y la reducción en cerca de medio millón en el resto de administraciones.

Como bien dice el Círculo en un documento sobre las administraciones territoriales, el empleo público se ha expandido en mayor proporción que la población. Las autonomías se han convertido en máquinas de crear puestos de trabajo de muy dudosa utilidad.

Los autores del libro, con un fino sentido del humor que hace su explicación de cómo hemos llegado a esta situación crítica muy amena, empiezan con un aviso que demuestra el desmadre. “Debe saber que nunca, bajo ningún concepto, debe abrir un negocio de dos comunidades diferentes, porque perderá; no debe apagar un fuego en otra región, porque no le dejarán; no se le ocurra enseñar una tarjeta sanitaria de otra autonomía, porque le mirarán mal en los hospitales. Y cuidado si cambia a sus hijos de colegio a otra región, se juega su futuro.”

Tanto el PSOE como el PP, sin hablar de CiU en Cataluña y el PNV en el País Vasco, son responsables de centrifugar las competencias de forma desordenada.

Los autores han llevado una investigación exhaustiva y dan mucho ejemplos de derroche del dinero y abuso de los contribuyentes. Apunto algunos. La Diputación de Ourense, con un presupuesto de 27 millones de euros y una deuda de 60 millones, es la segunda empresa de la provincia en número de trabajadores (950) entre los cuales hay 33 bedeles que custodian el edificio. Su presidente es el hijo de José Luis Baltar (PP), el patriarca que llevaba 25 años al frente.

Lo del teléfono móvil es universal para la mayoría de los diputados de todas las comunidades. El record se lo llevaba la Comunidad Valenciana, con 500 euros mensuales de media (ajustado en recortes a un máximo de 140 euros al mes — si se pasan, tendrán que desembolsar la diferencia de su bolsillo).

El gobierno central tuvo en 2011 1.098 coches oficiales (1.200 los gobiernos autonómicos), una flota 17 veces más grande que la del Gobierno federal de los EE UU, y la población de España es siete veces menor que la de los EE UU.

Muchos alcaldes, sin mencionar los presidentes de la comunidades, cobran más de lo que gana el presidente del Gobierno (78.185 euros) y los expresidentes disfrutan de un retiro de oro. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el presidente Socialista de Extremadura (una de las comunidades más pobres) durante 24 años, tiene derecho, según un decreto de su puño y letra, a “unas dependencias permanentes con dotación especial para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles.” También se puso un salario: el 80% del sueldo que tenía como presidente (unos 3.500 euros al mes) durante 12 años pero tuvo que renunciar a él porque la opinión pública se le echó encima. Vino a rescatarle de la miseria José Luis Rodríguez Zapatero y lo nombró en 2011 miembro del Consejo del Estado cobrando 83.000 euros anuales. El Consejo es un órgano eminentemente jurídico — Ibarra es filólogo de profesión.

El derroche no ha sido solo dentro de España. Cataluña tiene 32 embajadas por todo el mundo. La de París estuvo regentada por el hermano del exvicepresidente de la Generalitat, Josep Lluis Carod, que cobraba 80.000 euros al año. La Comunidad de Madrid tiene 11, la Valenciana 23 y Andalucía 22. Esta última ha llegado incluso a poner delegaciones en la ciudad de Madrid, como si fuera el extranjero.

¿Cuál es la solución? Hace falta redimensionar las administraciones territoriales, crear algún mecanismo sancionador para el incumplimiento de las reglas fiscales por parte de las comunidades autonómicas y tener más corresponsabilidad fiscal. No se pueden sostener estas administraciones en sus condiciones actuales y, a la vez, no tocar el sistema de bienestar. España se juega su futuro.

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