La pregunta de los 64.000 euros sigue siendo si Mariano Rajoy va a pedir un rescate a la Unión Europea. De modo similar al estereotipo del gallego que encontramos en medio de una escalera, seguimos sin saber si sube o baja.

Creo que las recientes declaraciones de Olli Rehn, el comisario de Asuntos Económicos, hacen algo más posible y factible la petición de un rescate. Rehn dijo que a pesar de no cumplir con los objetivos del déficit público para este año y el próximo, no harán falta por ahora más medidas de austeridad en España.

En otras palabras, un rescate no implica automáticamente más austeridad, algo que Rajoy quiere asegurarse antes de pedirlo. Bruselas esta mostrándose más dispuesto a ser flexible con el incumplimiento de los objetivos de déficit siempre y cuando se hagan los esfuerzos estructurales necesarios y la desviación sea solo la consecuencia de la peor evolución de la economía. Esto es el caso de España.

La Comisión estima que el déficit en 2012 será el 8% del PIB, incluyendo la ayuda financiera para los bancos, por encima del 6,3% acordado con Bruselas (7,3% con la ayuda), y el 6% en 2013 aunque el Gobierno se había comprometido reducir el déficit al 4,5%.

Madrid ha conseguido ya más flexibilidad en llegar al umbral del 3% que prevé el Pacto de la Estabilidad (en 2014, en vez de 2013), pero ni siquiera con el año adicional se alcanza el objetivo. Además, en 2014 será contribuyente neto al presupuesto de la UE por primera vez (beneficiario neto desde 1986).

Es de suponer que la Comisión verá difícil que el Gobierno cumpla el objetivo de 2,8% en 2014. El Gobierno ha manejado unas previsiones de crecimiento económico absurdamente optimistas y, por ende, del déficit. El déficit de 2013 está basado en una contracción del PIB del 0,5%, tres veces menor que la estimación de Bruselas. Todo el mundo, menos aparentemente el Gobierno, sabía que en 2013 la recesión (por quinto año consecutivo, salvo el anémico crecimiento en 2011) iba a ser igual de profunda que este año. Luis Linde, gobernador del Banco de España, ha sido más realista.

Más flexibilidad por parte de Bruselas, particularmente significativo a la luz de creciente presiones sociales en España, pone a Rajoy en mejor situación para pedir un rescate. Por otro lado, el hecho de que el Tesoro completara el 8 de noviembre los objetivos de emisión de deuda a medio y largo plazo previstos para este año y emitiera bonos a 20 años, el plazo más alto en 18 meses, combinado con una bajada en la prima de riesgo, da a Rajoy más margen para seguir siendo indeciso.

Lo que no se sabe es si un retraso en el rescate aumenta o mantiene la prima de riesgo y, por tanto, los costes de endeudamiento del Estado. Cada vez los intereses de la deuda requieren cantidades adicionales de recursos presupuestarios, lo que obliga a tratar de lograr superávits primarios muy elevados (excluyendo el pago de intereses), que son contra-cíclicos. En 2013, se estima que el Tesoro tendrá que emitir 270.000 millones de euros de deuda para cubrir los vencimientos de los bonos y el déficit público, y nadie sabe si los inversores van a financiar el Estado español a un tipo de interés asumible por el Gobierno.

La Comisión ha dejado para febrero otra rebaja de las metas de déficit para España. Cree que el Gobierno, a pesar del incumplimiento de los objetivos, está cumpliendo sus exigencias en materia de reforma del sector bancario y reformas estructurales, y poco más que se puede pedir sin correr el riesgo de provocar un terremoto social.

Las comunidades autónomas y corporaciones locales aún no han presentado sus presupuestos para 2013. Solo lo ha hecho la Administración Central quien ha establecido un déficit total del 0,7% del PIB para las autonomías.

Ha llegado la hora de reducir el número de organismos del Estado en las comunidades autónomas, como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Estado, que han generado duplicidades y costes innecesarios. Por ejemplo, las comunidades autónomas disponen de unas 13 oficinas comerciales o centros de negocios autonómicos dedicados a la promoción exterior, que suponen 150 millones de euros y que realizan funciones similares a las del ICEX en el ámbito estatal, según un informe del Círculo de Empresarios.

Otro área para racionalizar, si no eliminar, son las diputaciones provinciales, sin hablar de la maraña de más de 4.000 empresas, consorcios o fundaciones (cerca del 90% de ellas pertenecen a las CCAA y a las CCLL). Las diputaciones han permanecidas intactas tras la aprobación de la Constitución del 1978, a pesar de que surgen las comunidades autónomas como una nueva entidad administrativa entre el Estado central y las provincias. Hay más de 1.500 cargos políticos de designación indirecta en las diputaciones, cuya función en una administración moderna y eficiente resulta totalmente prescindible.

En palabras del Círculo, “es necesario crear un claro mapa de competencias; el servicio que preste una Administración no puede ser prestado también por otra.” A ver lo que dice Bruselas en febrero.
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