Hace unas seis semanas escribí una columna (http://www.elimparcial.es//el-pais-donde-nadie-dimite-118377.html) motivado por el agudo contraste entre el caso del exministro británico de Energía, Chris Huhne, quien dimitió de su escaño en el Parlamento tras declararse culpable ante un tribunal de Londres de intentar ocultar una infracción de tráfico, y lo que pasa en España donde nadie dimite por cosas más graves.

Este mes Huhne fue condenado a ocho meses de cárcel por obstrucción a la justicia al negar que cometiera en 2003 una infracción de tráfico, y la misma sentencia ha recaído en su exmujer, la economista Vicky Pryce, quien le ayudó a mentir.

Es la primera vez que un exmiembro del Gabinete va la cárcel desde 1999. Además, la fiscalía quiere cobrarle los gastos en que ha incurrido por los meses que Huhne hizo perder a las autoridades manteniendo su inocencia.

El primer ministro y excompañero de Huhne en el Gabinete, David Cameron, declaró: “Es un aviso de que nadie, por alta que sea su posición o poderosa que sea, puede escapar al sistema de justicia.”

Pryce dijo a la policía que era ella, y no él, quien conducía el BMW familiar. Si Huhne hubiera sido declarado el infractor, habría perdido el permiso de conducir y habría puesto en peligro su ambición de ser designado candidato liberal en las siguientes elecciones parlamentarias.

Mientras tanto, en España la corrupción se dispara como preocupación de los ciudadanos. En tan solo un mes, desde el estallido del caso Bárcenas, la corrupción y el fraude han pasado de ser “el principal problema que existe en España” para el 17,7% de los españoles a serlo para el 40%, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Una inquietud solo superada por el paro (79,9%).

A la vez de la creciente descrédito de la clase política, los españoles confían más en los movimientos sociales que en los políticos. Si no fuera por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y en particular la valentía de Mohamed Aziz, el marroquí de nacionalidad española que inició una cruzada contra la ley hipotecaria y ganó su apelación al Tribunal Europeo de Justicia por haber sido desalojado de su casa por no poder pagar su hipoteca (solo faltaba un pago), los políticos no hubieran hecho nada para reformar la ley hipotecaria más injusta y abusiva de la Unión Europea.

Según los datos del sondeo realizado por Metroscopia, el 87% de los ciudadanos no confía en el Gobierno para defender sus intereses en el caso de atravesar una situación de necesidad similar a la de las personas que están inmersas en un proceso de desahucio.

La creciente percepción de corrupción y los señales que el clamor popular y las decisiones judiciales marcan el ritmo de la defensa de los derechos civiles, sociales y económicos más que el Parlamento es una combinación potencialmente explosiva, y más en un país que lleva cinco años en recesión y no hay luz en el túnel, al menos con respecto a la creación de empleo.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, cree que existe “una cierta percepción social hipertrófica y exagerada del nivel de corrupción” e insiste en que el hecho de que se den casos de corrupción “no quiere decir que haya un país corrupto debajo”.

De acuerdo. Nadie ha dicho que toda España es corrupta. No hemos llegado a la situación de México, por ejemplo, cuando yo viví allí hace 35 años y era casi imposible conseguir un trámite en las administraciones públicas sin pagar una mordida, sin hablar de la policía.

El problema en España es que los políticos no asumen responsabilidades y pocas investigaciones judiciales por corrupción, malversión de fondos públicos, cohecho, etc, terminan con un juicio.

No hablo solo de casos penales. Basta ver el comportamiento nada ético del PSOE tras la moción de censura pactada con Ismael Álvarez, el ex alcalde del Partido Popular condenado en 2002 por acoso sexual, o del PP en permitir la perpetuación de la dinastía baltarista con la elección de Manuel Baltar (único candidato) al frente del PP en Ourense. Es el hijo del cacique José Luis Baltar, presidente de la Diputación Provincial de Ourense (1987-2012), imputado por prevaricación. La fiscalía sostiene que Baltar padre contrató a 104 personas a dedo.

¿Alguien podría imaginar un ministro español dimitiendo por algún caso similar a lo de Huhne y luego ser encarcelado?
http://www.elimparcial.es//dimitir-es-un-verbo-espanol-120538.html