Sorprende que España sea casi el único país de la Unión Europea (UE) que no tiene un partido populista de extrema derecha, a pesar de residir en su territorio unos 6,4 millones de inmigrantes (incluyendo 900.000 españoles naturalizados) que representan el 13,5% de la población total, la proporción más alta de las grandes naciones europeas. Veinte de los 28 países de la UE tienen diputados de partidos de extrema derecha en el parlamento europeo, empezando por el UKIP de Gran Bretaña, el más numeroso.

En España residen un millón de rumanos y búlgaros (cifras de 2012) en comparación con solo unos 150.000 en el Reino Unido, 270.000 en Alemania y 90.000 en Francia. Estos tres países tienen partidos xenófobos, pero no España.

¿Por qué? ¿Por ser un país más políticamente correcto (un legado positivo del régimen franquista)? ¿Por haber asimilado los inmigrantes y evitado la creación de guetos urbanos, algo facilitado por el hecho que gran parte de los inmigrantes son de fuera de la UE, hablan español y comparten la misma religión (los de América Latina y los rumanos aprenden español muy rápidamente)?

Desde el primero de enero, los rumanos y búlgaros pueden circular libremente por toda la UE. Los dos países entraron en la UE en 2007. España adoptó un sistema de permisos de trabajo para esas personas para dos años y luego abandonó el sistema. Bajo el efecto llamada de una economía en auge, en particular el sector de la construcción, el número de rumanos en España aumentó espectacularmente desde 6.410 en 2000, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta 868.635 en 2012, el número más elevado después de Italia.

Aunque ya pueden circular y trabajar libremente en la UE, es dudoso que lleguen ahora a España más rumanos y búlgaros debido a la crisis económica. De hecho, empiezan a regresar a sus propios países, aunque los sueldos allí son mucho más bajos.

Temeroso de una avalancha de inmigrantes desde Rumania y Bulgaria, y con el UKIP en auge, David Cameron, el primer ministro británico, aceleró sus planes para acotar la inmigración procedente de todos los países de la UE. Los ciudadanos europeos que recalen en el Reino Unido dejarán de disponer de un acceso automático a los subsidios estatales a partir del 1 de enero, precisamente la misma fecha en la que la UE puso fin a las restricciones para que rumanos y búlgaros accedan al mercado laboral de cualquiera de los Estados miembros.

En una nueva concesión al ala euroescéptica del Partido Conservador, Cameron tramitó por la vía rápida parlamentaria un paquete de medidas que retrasarán por un periodo de tres meses el acceso de otros ciudadanos comunitarios a la asistencia estatal. Sondeos de distintas fuentes coinciden en situar la inmigración como la gran preocupación del electorado conservador en el Reino Unido.

El Partido Popular no tiene una ala euroescéptica; el euroescepticismo, en general, no pinta mucho en España. España ha sido tradicionalmente un país europeísta. Tras décadas de dictadura y aislacionismo, Europa aún significa modernidad y progreso.

Sin embargo esto no quiere decir que la UE tenga una buena imagen en España en estos momentos, algo que no se puede confundir con un eventual deseo de salir de la zona euro. Entre 2004 y 2012, España fue el país de los 27 donde más cayó el porcentaje de ciudadanos con una imagen positiva de la Unión Europea.

Mariano Rajoy ha cumplido con los deseos del ala más derechista de su partido, y en particular la jerarquía reaccionaria de la Iglesia Católica, al presentar el restrictivo anteproyecto de Ley de Aborto; por otra parte, con la torpe política hacia Gibraltar de controles estrictos en la frontera (que no va a conseguir que el Peñón regrese a manos españolas) ha satisfecho a los (ultra) nacionalistas. El proyecto de nueva ley de Seguridad Ciudadana también es una concesión al sector más conservador del PP.

En estas circunstancias, no hace falta seguir el mal ejemplo del Reino Unido e introducir restricciones sobre inmigrantes.
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