Acabo de enterarme de que la persona con la que coincidí hace unos años en una piscina, durante una tarde soleada en la casa de un amigo mutuo, fue encarcelada esta semana por cumplir una condena de seis meses por un asunto de gastos fraudulentos. Mi compañero de natación, Denis MacShane, quien conoce España bien, es el quinto miembro del parlamento británico en ser encarcelado desde que estalló el escándalo de los gastos de algunos MPs en 2009.

El caso de MacShane, secretario de estado para Europa en el Gobierno de Tony Blair entre 2002 y 2005, es curioso porque el juez aceptó su versión de lo que pasó y que, a diferencia de los otros parlamentarios, no hubo ningún intento de enriquecerse. MacShane, que se declaró culpable, había contraído gastos genuinos (de unos 12.900 de libras) que podrían ser reclamados legítimamente, según el juez, “pero en vez de ello usted decidió recuperarlos por la vía deshonesta de falsificar la contabilidad.” Presentó 19 facturas falsas.

Igual que en el caso del exministro británico de Energía, Chris Huhne, condenado este año a ocho meses de cárcel por obstrucción a la justicia al negar que cometiera una infracción de tráfico y achacarlo a su entonces esposa, el caso de MacShane ha sorprendido a muchos de mis amigos españoles acostumbrados a ver que nada pasa a sus políticos por delitos mucho más graves sin que nadie dimita. La misma sentencia recayó en la exmujer de Huhne, la economista Vicky Pryce, que le ayudó a mentir.Tanto Huhne como MacShane han dejado de ser miembros del Parlamento, y Huhne tuvo que dimitir del gabinete de David Cameron, el primer ministro.

En sus observaciones a la sentencia, el juez enfatizó que MacShane, como miembro del Parlamento y ministro, había cometido un abuso de confianza pública.

El problema en España es que los políticos no asumen responsabilidades y pocas investigaciones judiciales por corrupción, malversación de fondos públicos, cohecho, etc, terminan en juicio, o tardan años en ser juzgados. Fíjense en Carlos Fabra, el cacique del Partido Popular en Castellón, cuyo caso de fraude fiscal tardó 10 años (desde la primera investigación) en llegar a juicio por un sistema judicial politizado.

No sorprende que este año España haya caído diez puestos en el ranking facilitado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción pública, hasta ocupar la posición número 40, y es el segundo gran perdedor de puntos junto a Gambia, Malí, Guinea y Libia (desde 65 puntos a 59). Cuanto más cerca de los 100 puntos, más limpio es un país. El único país que ha perdido más puntos que los citados países es Siria, sacudido desde hace más de dos años por una cruenta guerra civil. ¡Vaya compañía!

Desde que estalló la crisis en España en 2008, la clase política no ha hecho nada para restaurar la confianza pública (tan baja) en las instituciones. El Partido Popular, desbordado por los casos de corrupción y ahora los correos de Miguel Blesa, expresidente de Cajamadrid, está más interesado en satisfacer a la Iglesia y al ala más derechista de su partido -con la eliminación de la Educación para la Ciudadanía, dar más importancia a la Religión (cuya calificación contará en las notas) y retroceder en el asunto del aborto-, que satisfacer al conjunto del electorado.

Además, la aprobación de la nueva legislación que garantiza el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre los gastos de las administraciones públicas es inadecuada. España era el único país de la Unión Europea que no contaba con una ley que regulara dicha situación.

Y no es solamente una cuestión de cambiar leyes inadecuadas e instituciones colonizadas por políticos. La ética en la vida pública también tiene que brillar. Como dijo el Rey en su discurso de Nochebuena, “los casos de falta de ejemplaridad en la vida pública han afectado al prestigio de la política y las instituciones.”

En otros países de nuestro entorno, en particular el Reino Unido, sería impensable nombrar asesor a una persona como Rodrigo Rato de dos empresas tan importantes y conocidas como Santander y Telefónica, antes de resolver su caso. Rato está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dentro de la causa que investiga por la ocultación de información y otros posibles hechos fraudulentos en la fusión que dio origen a Bankia y en su salida a bolsa en verano de 2011.

A ver cuando un juez español manda un mensaje similar a la clase política como el del juez inglés.
http://www.elimparcial.es//amistad-peligrosa-en-una-piscina-132344.html