Cuando España introdujo la edad obligatoria de jubilación en 1919 la esperanza de vida media al nacer era de 40 años y casi un siglo después es de 82 años, y los que alcanzan los 65 años suelen vivir hasta los 90 años — 25 años más. A pesar de estos profundos cambios, gracias a la mejora de hábitos de vida, medicamentos y sistema público sanitario, la edad de jubilación obligatoria sigue siendo los 65 años, pero a partir del año 2027 la edad será de 67 años cuando entre en pleno vigor la ley que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en 2011. Entre hoy y 2027, la edad de jubilación se amplía gradualmente de 65 a 67 años (a mes por año).

Además, debido a la crisis y al altísimo nivel de desempleo, que ha reducido significativamente el número de contribuyentes a la Seguridad Social, hoy hay menos de 17 millones de afiliados que están pagando las pensiones de unos nueve millones de personas. En otras palabras, España ya cuenta con menos de dos ocupados para pagar cada pensión, y no hay que descartar que el número de parados llegue a seis millones este año.

La cifra oficial que baraja el Ministerio de Empleo para la tasa de dependencia (afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista) está en 2,4 activos por pasivo. Sin embargo, en esta ratio se contabilizan como cotizantes los 2,7 millones de desempleados por los que el Estado cotiza durante el tiempo que cobran prestación. Sin ellos, la tasa del sistema español caería por debajo de 2, rozando el límite de sostenibilidad bajo la hipótesis de que la productividad no tenga cambios espectaculares.

Un sistema de reparto es sostenible en el tiempo cuando la tasa de dependencia arroja una cifra en el entorno de 2,5 cotizantes por cada pensionista; y se habla de condiciones óptimas de viabilidad financiera a partir de una tasa de 3, en niveles normales de productividad. España llegó a tener 2,7 en 2007, el último año de su década de vacas gordas.

Dadas todas estas circunstancias, me parece lógico y de sentido común que el Gobierno quiera ampliar la edad mínima para las jubilaciones anticipadas de 61 años a los 63 años y para las voluntarias de 63 a 65 años.

Al finales del año pasado el Gobierno aprobó un decreto ley, su método favorito, que suspende la aplicación de la reforma de Zapatero — con el voto en contra del Partido Popular en 2011 vale recordar — en lo que se refiere a jubilación anticipada y parcial. De momento, sigue en vigor la ley anterior en este aspecto. Antes de abril próximo, el Gobierno quiere un pacto de consenso con el PSOE y los sindicatos sobre las jubilaciones anticipadas. Si no se concreta, es de suponer que el Gobierno legislará y planteará su propia reforma a través de otro decreto ley.

La sostenibilidad de las pensiones es un tema vital: más del 25% del gasto total del Estado va a pensiones. En 2009 y 2010, con España en recesión, solo el 50% de las personas que se jubilaron tenían 65 años.

El enorme flujo de inmigrantes — casi 5 millones de personas entre 1998 y 2007 — fue visto en su día como algo positivo para la sostenibilidad de las pensiones, porque la gran mayoría trabajaron (en el sector de la construcción) y contribuyeron a la Seguridad Social. De hecho la gran inmigración permitió crear un fondo de reserva (una especie de hucha de las pensiones) de casi 70.000 millones de euros. Pero hoy muchos inmigrantes están en el paro, han regresado a sus países de origen o están sumergidos y no cotizan. Y los que siguen cotizando van a jubilarse algún día.

El Gobierno recurrió en 2012 por primera vez al fondo ante la delicada situación financiera de la Seguridad Social.

Según expertos como Guillermo de la Dehesa, la reforma de Zapatero no es suficiente, ya que el gasto en pensiones va a aumentar del 9% del PIB actual al 18% en 2050. La reforma sólo reduciría dicho incremento entre un 33% y un 43% (de acuerdo con tres cálculos fiables).

Corresponde a Rajoy, que tantas veces ha dicho que las pensiones son una prioridad básica para él, mostrarse como un hombre de Estado en este asunto y ofrecer solidaridad intergeneracional.
http://www.elimparcial.es/nacional/la-sostenibilidad-de-las-pensiones–116594.html