Mientras en este país asistimos a los escándalo de las supuestas entregas de dinero en sobres a dirigentes del Partido Popular, un asunto de profundo gravedad si quedara comprobado, en mi país, el Reino Unido, el ex ministro de Energía, Chris Huhne, ha anunciado que va a dimitir de su escaño en el Parlamento tras declararse “culpable” ante un tribunal de Londres de intentar ocultar una infracción de tráfico, algo que hasta ahora siempre había negado.

Huhne, del Partido Liberal Demócrata, ya había renunciado a su puesto en el Gobierno de coalición en febrero de 2012 cuando la Fiscalía decidió procesarle por esa infracción de tráfico cometida en 2003, que achacó a su entonces esposa.

“Habiendo asumido la responsabilidad por algo que ocurrió diez años atrás, la única medida apropiada que puedo adoptar ahora es dimitir de mi escaño por Eastleigh en el Parlamento, algo que haré en breve”, comunicó Huhne.

Es un asunto de poca importancia, en comparación con los papeles de ex tesorero Luis Bárcena, y, a diferencia de los políticos españoles, los políticos británicos aceptan sus responsabilidades.

Y no solo los políticos. El director general de la BBC, George Entwistle dejó el puesto en noviembre pasado por su manejo de la crisis originada por un reportaje del programa Newsnighten la televisión nacional, que acusó por error a un ex político británico de abuso sexual infantil. Él no hizo el programa, pero era el responsable final. En una declaración pronunciada Entwistle dijo: “He decidido que lo honorable es renunciar”.
¿Alguien podría imaginar estas palabras en boca de un político español o incluso un empresario (véase el caso de Gerardo Díaz Ferrán, el expresidente de la CEOE), aunque siempre hay alguna honorable excepción como Antonio de Guindos?

De Guindos dimitió esta semana como delegado de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, unas horas después de haber sido imputado por su presunta responsabilidad en la tragedia que costó la vida a cinco jóvenes en la fiesta de Halloween celebrada en el pabellón Madrid Arena. Todo un ejemplo.

Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción (10 de los cuales son diputados del PP en el parlamento de Valencia), además de las investigaciones que están en marcha sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte. Que yo sepa, ninguno de los imputados ha dimitido.

Además uno de estos imputados, Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, se ha incorporado a Telefónica como consejero asesor para Europa y América Latina en uno de los fichajes más vergonzantes que conozco, sin esperar el resultado del juicio, si es que hay uno. Rato, y la cúpula de Telefónica, tienen piel de rinoceronte.

Es cierto que todos los ciudadanos deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre que son culpables. El problema en España es que los procesos judiciales marchan a paso de tortuga antes de llegar a un juicio, si es que llegan, y la judicatura está demasiado politizada (a gran diferencia del Reino Unido), todo lo cual beneficia a los políticos y aumenta la desconfianza de los ciudadanos.

Recuérdese el caso Filesa, un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas cuyo fin era la financiación ilegal del PSOE, para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989, hechos todos ellos establecidos como probados por la Judicatura. ¡La sentencia se dictó en 1997, un año después de perder las elecciones frente al PP!
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