España jugó un papel importante en la formación como espía de Kim Philby, el doble agente británico y el más conocido de “los cinco de Cambridge” que huyó a la Unión Soviética en 1963.

Philby, proveniente de la clase media alta y educado en una escuela secundaria privada de Westminster, una de las instituciones más privilegiadas, antes de ir a Trinity College, el colegio más exclusivo de la Universidad de Cambridge, fue reclutado en 1934 por agentes del NKVD (precursor del KGB).

En 1936, siguiendo órdenes provenientes de Moscú, Philby comenzó a cultivar una personalidad aparentemente fascista, uniéndose a la Liga de Amistad Anglo-Alemana, además de involucrarse en la edición de una revista pro-Hitler. En febrero de 1937 viajó a Sevilla como periodista independiente (freelance) y en mayo fue asignado como enviado especial deThe Times de Londres ante las fuerzas franquistas, un puesto perfecto para dar realce a sus supuestas credenciales conservadoras e informar hasta 1939 a Moscú (suministrador de armas y asesores al Gobierno Republicano) del avance de los nacionalistas y el papel de Alemania de apoyo a Franco. Este trabajo no daba acceso a información secreta británica, pero sí era muy útil para el Kremlin recibir información objetiva.

En diciembre de 1937, en las cercanías de Teruel, una bomba explotó frente al automóvil en el que viajaba Philby junto a otros tres corresponsales. Uno murió en el acto, en tanto que los otros dos fallecieron a causa de sus respectivas heridas. El afortunado Philby solo sufrió una herida menor en la cabeza.

Las crónicas de Philby aparentaban ser tan favorables a la causa nacionalista que recibió personalmente la Cruz Roja al Mérito Militar de manos del propio Franco.

En 1940 se incorporó al SIS, antecesor del MI6, el servicio de inteligencia exterior británico. En septiembre de 1941 (poco después del comienzo de la invasión nazi de la URSS), Philby comenzó a trabajar para la Sección V, como jefe de la unidad ibérica, a cargo de las operación del SIS en España, Portugal, la colonia británica de Gibraltar y el norte de África. Philby tenía un acceso relativamente fácil a los archivos sobre España y Portugal, pudiendo pasar a su agente soviético controlador información sobre las operaciones del SIS contra la URSS.

La historia española de Philby forma parte del libro Kim Philby: the unknown story of the KGB’s master spy (“Kim Philby: la historia desconocida del espía maestro de la KGB”, publicado por Biteback), escrito por uno de los mejores amigos de Philby y también espía, Tim Milne. El MI6 prohibió la publicación del libro y ahora, cuatro años después de la muerte de Milne a la edad de 97, acaba de salir a la luz pública.

El libro ofrece una visión fascinante del carismático Philby, compañero de pupitre de Milne en Westminster y de viajes a varios países europeos entre 1930 y 1933, incluyendo Alemania donde los dos asistieron a una inmensa concentración pública de los nazis con antorchas y en la que Hitler habló. Philby quedó horrorizado con el nazismo y la pobreza, y esto le llevó hacia el comunismo.

Milne no llegó a barruntar que su gran amigo durante más de 30 años fuera un doble agente, incluso después de la huida a Moscú en 1951 de los diplomáticos y espías Donald Maclean y Guy Burgess, cuando Philby se encontró bajo sospecha por ser muy amigo de los dos y tuvo que dejar el MI6 para unos años.

Burgess compartió durante un año la casa de Philby en Washington, cuando Philby era el enlace para el MI6 entre la embajada del Reino Unido, la recientemente creada CIA y el FBI entre 1949 y 1951. Burgess, alcohólico y homosexual (entonces una actividad ilegal), había actuado de mensajero cuando Philby estaba en España y le trajo dinero.

¡Qué bien diferente habría sido la vida de Philby si el servicio de inteligencia británica hubiera investigado en profundidad la acusación de Walter Krivitsky en 1937, un espía soviético que desertó a los Estados Un
http://www.elimparcial.es/nacional/el-espia-kim-philby-y-espana-136134.html

Como la mayoría de corresponsales extranjeros radicados en España, cuando Adolfo Suárez fue nombrado Presidente del Gobierno en julio de 1976 escribí que no era el hombre adecuado para la tarea de traer la democracia.

The Times afirmó que su nombramiento “era una sorpresa, ya que se había creído ampliamente que sería elegido un hombre más liberal” y que era “una victoria del ala reformista de la derecha, dispuesta a avanzar en el desmantelamiento de la dictadura, manteniendo no obstante fuertes vínculos con el pasado”. En un artículo en la revista New Statesman,titulado “Spain’s dubious matador” (El dudoso matador de España), escribí que “la diferencia entre la idea de reformas de Suárez y la de la oposición es la diferencia entre el franquismo con estiramiento facial y la democracia tal y como la conocemos”.

Según algunas fuentes bien informadas, el aristócrata José María de Areilza, el liberal y fino ministro de Asuntos Exteriores (había sido alcalde de Bilbao tras la ocupación de la ciudad por las fuerzas de Franco en 1937), estaba tan convencido de que iba ser nombrado presidente que había organizado una fiesta en su casa para celebrarlo.

Suárez demostró que estábamos equivocados. Sólo un pequeño círculo cercano al Rey D. Juan Carlos sabía que el nombramiento de Suárez había sido cuidadosamente orquestado por Torcuato Fernández Miranda, antiguo tutor del Rey y presidente del Consejo del Reino, bastión del franquismo y órgano encargado de presentar al Rey la terna de candidatos para su elección. Igual que el Rey, Suárez pertenecía a la “generación silenciosa” de españoles, demasiado jóvenes para haber luchado en la guerra civil. Estaba en una posición ideal, como miembro del aparato político, para desmantelar el Régimen desde dentro, evitando una ruptura total con el pasado que hubiera corrido el riesgo de provocar a la extrema derecha.

En diciembre de 1976 se celebró un referéndum para aprobar las reformas políticas que allanarían el camino hacia las primeras elecciones libres del país en cuarenta y un años. Un reportaje televisado sobre el referéndum, al que contribuí en su elaboración para el programa News at Ten de ITN, fue denunciado por la Embajada de España en Londres como “insultante y poco representativo”. Fue filmado en mi pueblo (Buendía, en la provincia de Cuenca), donde entonces yo tenía, y sigo teniendo, una casa, y que para mí ha supuesto un microcosmos de los tremendos cambios logrados en España.

Juan Cruz, el corresponsal de El País en Londres, informó a sus lectores de que la mayor parte del reportaje había sido filmado en un bar en el que los habitantes del pueblo habían preferido seguir jugando a las cartas que escuchar el discurso de Suárez a la nación antes del referéndum. “El tratamiento que la televisión independiente le dio al referéndum parece que ha molestado en algunos círculos españoles.”

Un año después del nombramiento de Suárez, escribí un artículo en The Times titulado “The matador who has outwitted all Spain’s political bulls” (El matador que era más listo que todos los toros políticos) en el que rectificaba mi opinión inicial.

La figura de Suárez recuperó por unos días la unidad política que tanta falta hace en España. Hasta Alfonso Guerra, el político más irrespetuoso con el que tuvo que lidiar Suárez (lo llamó “tahúr del Mississippi, con su chaleco y su reloj”), le elogió.

Las largas filas de colas en la calle para entrar a la capilla ardiente demostraron nostalgia para un pasado reciente de convivencia que hoy se echa de menos.
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Si España hubiera dejado de pagar su deuda soberana, algo que según algunas fuentes casi ocurrió, habría continuado una tradición bien establecida durante el reinado de Felipe II cuando el país se convirtió en el primer deudor moroso (defaulter) en serie. El rey dejó de pagar cuatro veces.

De acuerdo con los estándares modernos, los impagos en el siglo XVI fueron moderados, resueltos amigablemente y a satisfacción de todas las partes involucradas. Y a diferencia de las obligaciones hipotecarias tituladas de alto riesgo (sub-prime mortgages), que desencadenaron la crisis financiera que aún no ha terminado, los banqueros del siglo XVI tuvieron un mecanismo de transferencia de riesgo bastante más efectivo. Los inversores compartieron las ventajas y desventajas de los préstamos al monarca de la casa de Austria, y las pérdidas en proporción a su inversión. Los bancos terminaron en posesión de la parte menos tóxica de los activos, al contrario de lo que ocurre hoy.

Si en tiempo de galeones y mensajeros a caballo existían acuerdos adecuados de distribución de riesgos, ¿por qué no es posible hoy con satélites, viajes en avión e internet?

El fascinante libro de Mauricio Drelichman y Hans-Joachim Voth, Lending to the Borrower from Hell: Debt, Taxes and Default in the Age of Philip II (Princeton University Press) — “Préstamos al prestatario del infierno: la deuda, los impuestos y los impagos en la época del Felipe II” — desmonta el mito muy extendido que el declive de España después de Felipe II se debe a una política fiscal irresponsable y a la expansión imperial excesiva (imperial overreach, un término popularizado por el historiador Paul Kennedy de la Universidad de Yale).

Según los autores, el sistema español de finanzas públicas era comparable con los de otros países europeos como Gran Bretaña, Francia y Holanda. Los gastos no aumentaron mucho más rápidamente que los ingresos y el peso de la deuda sobre el conjunto de la economía no era excesiva. Los autores lo demuestran con estadísticas.

El problema fundamental en España fue no poder centralizar la administración fiscal e integrar en un todo más amplio los territorios heterogéneos, algo que no se ha resuelto aún como demuestra la crisis constitucional con Cataluña. En lugar de la concentración de demasiado poder en manos de un monarca absoluto, “el principal defecto era la carencia de capacidad del Estado para actuar, del gobierno para afirmar un monopolio de violencia, defender sus fronteras, imponer un sistema fiscal uniformizado, administrar la justicia, y obtener los recursos para ejecutar estas tareas”. En estos días esto suena familiar.

Para los autores, esta situación era la consecuencia de un nivel inicial muy alto de heterogeneidad política y de lo que llaman “los efectos perniciosos de la plata [de las colonias en el vasto imperio]sobre la capacidad del estado.”

Fuera de Castilla, la posición del rey era aún más débil, como demuestra el famoso juramento de los nobles de Aragón con la llegada al trono de un nuevo rey, “Nos, que cada uno de nosotros somos igual que vos y todos juntos más que vos, te hacemos Rey si cumples nuestros fueros y los haces cumplir, si no, no”. Este no es el lenguaje de una monarquía absoluta.

Hasta la llegada de los reyes borbones, no hubo ningún intento exitoso de unificar representación, sistemas legales y el sistema fiscal.

La reforma del sistema fiscal se ha convertido otra vez hoy en una cuestión candente y un punto clave para poder establecer cuentas públicas sostenibles. Con una deuda pública del 96% del PIB (casi el triple de 2007) y una brecha entre gasto público e ingresos fiscales de alrededor del 5% del PIB durante la vida de un ciclo económico “normal” (que no es la situación actual) — en otras palabras un alto déficit presupuestario—, España tiene que recaudar mucho más o seguir con los recortes en el gasto público.

Con tipos impositivos similares a otros países europeos, el problema de la insuficiente recaudación no reside en una baja presión fiscal. Radica en un fraude elevado, reflejado en una economía sumergida en expansión, que ningún gobierno democrático ha querido combatir, una generosa posibilidad de evasión para muchos contribuyentes y desgravaciones excesivas.

Recomiendo a Cristóbal Montoro que lea no solo el informe de la comisión de expertos sobre la reforma del sistema tributario, sino también este libro.

En parte gracias a las reformas económicas hechas por el Gobierno, España empieza a salir de una recesión de cinco años. Sin embargo, en el campo político todavía le queda mucho por hacer conjuntamente con los otros partidos políticos. El descontento ciudadano con la clase política está ampliamente demostrado en los rankings de valoración de las instituciones donde los políticos, los partidos políticos y el parlamento figuran en los últimos lugares.

También llama la atención que el PSOE, el principal partido de la oposición y, por ende, la alternativa al poder, tenga en la actualidad solo 3,3 puntos más en la intención de voto, según la última encuesta de Metroscopia, comparado con el resultado de las elecciones generales de noviembre de 2011 cuando obtuvieron el 28,7% de los votos, el peor de su historia. El Partido Popular, en cambio, ha sufrido un enorme desgaste, que es lógico dada la impopularidad de sus reformas y medidas de austeridad.

Andrés Ortega plantea una pregunta clave en su nuevo libro “Recomponer la democracia” (RBA): “la cuestión es cómo convencer a la élite, a la clase política y a los propios partidos de la necesidad de acometer profundas reformas, no meros retoques, en el sistema. Es necesario generar incentivos para que las cosas se hagan. O desincentivos, es decir castigos, si no se hacen”. Hasta ahora, los dos principales partidos han hecho muy poco en sus respectivos campos para regenerar la democracia. Parecen estar convencidos que cuando la economía vuelva a crecer con cierta fuerza van a recuperar la confianza del electorado.

España ha vivido el periodo democrático más profundo y largo de su historia, con un régimen de libertades, de crecimiento de un estado del bienestar, de vuelta a Europa, de alternancia en el poder y, al menos de momento, de falta de populismos. Pero es una democracia de baja calidad. Los españoles tienen más confianza en la Unión Europea que en sus propios instituciones.

El libro contiene datos muy interesantes y podría servir como un excelente manual de las reformas necesarias. Por ejemplo, España gasta relativamente poco en remunerar a los políticos electos. Los salarios de los diputados se encuentran en la franja inferior del estipendio percibido en las democracias europeas. Tanto en al ámbito estatal como en el autonómico, en comparación por ejemplo con Alemania, las cámaras españolas son contenidas en términos de diputados. Sin embargo la cosa cambia cuando incluimos los cargos gubernamentales, en particular el elevado número de asesores, personas de confianza y cargos en organismos públicos. En palabras de Ortega es allí donde se ha ido tejiendo la gran malla que sostiene a los partidos políticos y que permite perfilar miles de carreras políticas. Los políticos electos y asesores políticos en España suman 125.000, en comparación con los 29.000 en el Reino Unido (un país con 16 millones más de habitantes que España) estimado por la BBC en 2009.

Muchos puestos políticos los cubren, o funcionarios de carrera, o personas que han entrado en un partido y han hecho toda su carrera en él (son funcionarios de partido). Pocos proceden del sector privado: tal vez eso explica por qué la élite política no estaba en contacto con la realidad durante la década de las vacas gordas. Como dijo George Orwell, “Mirar lo que se tiene delante de los ojos requiere un constante esfuerzo.”

En el Reino Unido, el funcionario, incluyendo a miembros de la carrera judicial, que quiere entrar en política tiene que renunciar a la función pública. No hay ida y vuelta. Ortega propone un sistema así en España para poder conseguir despolitizar la función pública.

Los políticos han colonizado demasiadas instituciones. De poco servirá la nueva y tímida Ley de Transparencia si no se cambia la composición y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, demasiado lento y demasiado dominado por los propios partidos.

En la primera década de la Transición, cuando había que crear partidos con estructuras sólidas (el único partido con ellas era el Partido Comunista de España), tenía sentido un sistema electoral basado en listas cerradas que daba poder a las cúpulas. Este sistema ha logrado trabar mayorías de gobierno que han beneficiado la modernización de España.

Pero hoy ha llevado a una alienación y desafección entre el elector y los elegidos. El mejor resultado de las próximas elecciones, seguramente en 2015, sería un empate entre el Partido Popular y los socialistas y no habrá más remedio que formar una gran coalición (como en Alemania). Así los dos partidos estarían condenados a entenderse y acometer reformas políticas.
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