Sorprende que España sea casi el único país de la Unión Europea (UE) que no tiene un partido populista de extrema derecha, a pesar de residir en su territorio unos 6,4 millones de inmigrantes (incluyendo 900.000 españoles naturalizados) que representan el 13,5% de la población total, la proporción más alta de las grandes naciones europeas. Veinte de los 28 países de la UE tienen diputados de partidos de extrema derecha en el parlamento europeo, empezando por el UKIP de Gran Bretaña, el más numeroso.

En España residen un millón de rumanos y búlgaros (cifras de 2012) en comparación con solo unos 150.000 en el Reino Unido, 270.000 en Alemania y 90.000 en Francia. Estos tres países tienen partidos xenófobos, pero no España.

¿Por qué? ¿Por ser un país más políticamente correcto (un legado positivo del régimen franquista)? ¿Por haber asimilado los inmigrantes y evitado la creación de guetos urbanos, algo facilitado por el hecho que gran parte de los inmigrantes son de fuera de la UE, hablan español y comparten la misma religión (los de América Latina y los rumanos aprenden español muy rápidamente)?

Desde el primero de enero, los rumanos y búlgaros pueden circular libremente por toda la UE. Los dos países entraron en la UE en 2007. España adoptó un sistema de permisos de trabajo para esas personas para dos años y luego abandonó el sistema. Bajo el efecto llamada de una economía en auge, en particular el sector de la construcción, el número de rumanos en España aumentó espectacularmente desde 6.410 en 2000, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta 868.635 en 2012, el número más elevado después de Italia.

Aunque ya pueden circular y trabajar libremente en la UE, es dudoso que lleguen ahora a España más rumanos y búlgaros debido a la crisis económica. De hecho, empiezan a regresar a sus propios países, aunque los sueldos allí son mucho más bajos.

Temeroso de una avalancha de inmigrantes desde Rumania y Bulgaria, y con el UKIP en auge, David Cameron, el primer ministro británico, aceleró sus planes para acotar la inmigración procedente de todos los países de la UE. Los ciudadanos europeos que recalen en el Reino Unido dejarán de disponer de un acceso automático a los subsidios estatales a partir del 1 de enero, precisamente la misma fecha en la que la UE puso fin a las restricciones para que rumanos y búlgaros accedan al mercado laboral de cualquiera de los Estados miembros.

En una nueva concesión al ala euroescéptica del Partido Conservador, Cameron tramitó por la vía rápida parlamentaria un paquete de medidas que retrasarán por un periodo de tres meses el acceso de otros ciudadanos comunitarios a la asistencia estatal. Sondeos de distintas fuentes coinciden en situar la inmigración como la gran preocupación del electorado conservador en el Reino Unido.

El Partido Popular no tiene una ala euroescéptica; el euroescepticismo, en general, no pinta mucho en España. España ha sido tradicionalmente un país europeísta. Tras décadas de dictadura y aislacionismo, Europa aún significa modernidad y progreso.

Sin embargo esto no quiere decir que la UE tenga una buena imagen en España en estos momentos, algo que no se puede confundir con un eventual deseo de salir de la zona euro. Entre 2004 y 2012, España fue el país de los 27 donde más cayó el porcentaje de ciudadanos con una imagen positiva de la Unión Europea.

Mariano Rajoy ha cumplido con los deseos del ala más derechista de su partido, y en particular la jerarquía reaccionaria de la Iglesia Católica, al presentar el restrictivo anteproyecto de Ley de Aborto; por otra parte, con la torpe política hacia Gibraltar de controles estrictos en la frontera (que no va a conseguir que el Peñón regrese a manos españolas) ha satisfecho a los (ultra) nacionalistas. El proyecto de nueva ley de Seguridad Ciudadana también es una concesión al sector más conservador del PP.

En estas circunstancias, no hace falta seguir el mal ejemplo del Reino Unido e introducir restricciones sobre inmigrantes.
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Acabo de enterarme de que la persona con la que coincidí hace unos años en una piscina, durante una tarde soleada en la casa de un amigo mutuo, fue encarcelada esta semana por cumplir una condena de seis meses por un asunto de gastos fraudulentos. Mi compañero de natación, Denis MacShane, quien conoce España bien, es el quinto miembro del parlamento británico en ser encarcelado desde que estalló el escándalo de los gastos de algunos MPs en 2009.

El caso de MacShane, secretario de estado para Europa en el Gobierno de Tony Blair entre 2002 y 2005, es curioso porque el juez aceptó su versión de lo que pasó y que, a diferencia de los otros parlamentarios, no hubo ningún intento de enriquecerse. MacShane, que se declaró culpable, había contraído gastos genuinos (de unos 12.900 de libras) que podrían ser reclamados legítimamente, según el juez, “pero en vez de ello usted decidió recuperarlos por la vía deshonesta de falsificar la contabilidad.” Presentó 19 facturas falsas.

Igual que en el caso del exministro británico de Energía, Chris Huhne, condenado este año a ocho meses de cárcel por obstrucción a la justicia al negar que cometiera una infracción de tráfico y achacarlo a su entonces esposa, el caso de MacShane ha sorprendido a muchos de mis amigos españoles acostumbrados a ver que nada pasa a sus políticos por delitos mucho más graves sin que nadie dimita. La misma sentencia recayó en la exmujer de Huhne, la economista Vicky Pryce, que le ayudó a mentir.Tanto Huhne como MacShane han dejado de ser miembros del Parlamento, y Huhne tuvo que dimitir del gabinete de David Cameron, el primer ministro.

En sus observaciones a la sentencia, el juez enfatizó que MacShane, como miembro del Parlamento y ministro, había cometido un abuso de confianza pública.

El problema en España es que los políticos no asumen responsabilidades y pocas investigaciones judiciales por corrupción, malversación de fondos públicos, cohecho, etc, terminan en juicio, o tardan años en ser juzgados. Fíjense en Carlos Fabra, el cacique del Partido Popular en Castellón, cuyo caso de fraude fiscal tardó 10 años (desde la primera investigación) en llegar a juicio por un sistema judicial politizado.

No sorprende que este año España haya caído diez puestos en el ranking facilitado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción pública, hasta ocupar la posición número 40, y es el segundo gran perdedor de puntos junto a Gambia, Malí, Guinea y Libia (desde 65 puntos a 59). Cuanto más cerca de los 100 puntos, más limpio es un país. El único país que ha perdido más puntos que los citados países es Siria, sacudido desde hace más de dos años por una cruenta guerra civil. ¡Vaya compañía!

Desde que estalló la crisis en España en 2008, la clase política no ha hecho nada para restaurar la confianza pública (tan baja) en las instituciones. El Partido Popular, desbordado por los casos de corrupción y ahora los correos de Miguel Blesa, expresidente de Cajamadrid, está más interesado en satisfacer a la Iglesia y al ala más derechista de su partido -con la eliminación de la Educación para la Ciudadanía, dar más importancia a la Religión (cuya calificación contará en las notas) y retroceder en el asunto del aborto-, que satisfacer al conjunto del electorado.

Además, la aprobación de la nueva legislación que garantiza el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre los gastos de las administraciones públicas es inadecuada. España era el único país de la Unión Europea que no contaba con una ley que regulara dicha situación.

Y no es solamente una cuestión de cambiar leyes inadecuadas e instituciones colonizadas por políticos. La ética en la vida pública también tiene que brillar. Como dijo el Rey en su discurso de Nochebuena, “los casos de falta de ejemplaridad en la vida pública han afectado al prestigio de la política y las instituciones.”

En otros países de nuestro entorno, en particular el Reino Unido, sería impensable nombrar asesor a una persona como Rodrigo Rato de dos empresas tan importantes y conocidas como Santander y Telefónica, antes de resolver su caso. Rato está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dentro de la causa que investiga por la ocultación de información y otros posibles hechos fraudulentos en la fusión que dio origen a Bankia y en su salida a bolsa en verano de 2011.

A ver cuando un juez español manda un mensaje similar a la clase política como el del juez inglés.
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Vivimos en un mundo loco donde lo que se gasta para evitar y resolver conflictos representa un porcentaje ínfimo del dinero gastado en paliar los efectos terribles de las guerras. Basta comparar el presupuesto del Grupo Internacional de Crisis (ICG por sus siglas en inglés),de 19 millones de dólares, con el reciente llamamiento de la ONU para recaudar 6.500 millones de dólares para los refugiados de Siria, la mayor cantidad jamás solicitada para una sola situación de emergencia humanitaria.

El ICG fue fundado en 1995. Sus analistas cubren unos 50 conflictos vigentes y potenciales en el mundo, desde la división de Chipre en dos partes a raíz de la invasión turca de la isla en 1974 hasta el igualmente interminable problema de la creación de un estado palestino, pasando por Afganistán y no sé cuantos otros países.

El consejo del ICG está presidido por el diplomático americano Thomas R Pickering, un antiguo vicesecretario de Estado para Asuntos Políticos y embajador en varios países, incluyendo Rusia y Israel, y Mark Malloch-Brown, antiguo vicesecretario general de la ONU. En palabras de Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, el ICG es “una voz global de la conciencia y una fuerza genuina para la paz.”

Más de 2,3 millones de refugiados han huido de Siria hacia países vecinos desde que estalló la violencia en marzo de 2011, y se estima que otros 6,3 millones de sirios están desplazados dentro del país, aunque el número de los afectados por la guerra es aún mayor. Más de 125.000 personas han perdido la vida en el conflicto.

En los últimos meses, la ONU, la Media Luna Roja Siria y otras organizaciones humanitarias internacionales y nacionales en Siria han alimentado a 2,4 millones de personas al mes, han vacunado a más de 1 millón de niños contra el sarampión y la polio, han llevado agua potable a más de 9 millones de personas y han ofrecido materiales básicos de ayuda a casi 920.000 personas. Pero esto no es suficiente y la situación se agrava.

Con el llamamiento de la ONU, las organizaciones humanitarias pretenden aumentar sus operaciones y alimentar a 4 millones de refugiados sirios y 420.000 palestinos, inmunizar a 1,7 millones de niños, ofrecer atención sanitaria a unos 7 millones de personas y agua potable a unos 10 millones.

El llamamiento llega después de que la Unión Europea anunciara una contribución de 400 millones de dólares para la emergencia siria hasta finales de año. Esta donación es también la mayor que se ha recibido para esta emergencia.

Uno de los aspectos más tristes del conflicto en Siria -y es solo uno de muchos— es la situación de decenas de miles de niños refugiados que han abandonado su educación. El otro día vi en un programa de la BBC a un chico de 12 años que llevaba más de un año sin ir a la escuela y que aún no sabe escribir y leer. Se está creando una generación desesperada con consecuencias imprevisibles.

Gastar tan poco en intentar resolver conflictos y tanto en mitigar sus efectos, es colocar el carro delante de los bueyes. Uno se pregunta que ocurriría si el ICG recibiese 6.500 millones de dólares y la ONU 19 millones de dólares.
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Casi 40 años después de la muerte del General Franco, la delicada cuestión de las víctimas del franquismo sigue viva. El mes pasado España se examinó por primera vez ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Tras evaluar el informe del Gobierno, el Comité lo insta a “cumplir su obligación” de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, y recomienda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que asigne “los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes”. Actualmente, en estos tiempos de austeridad, no existe ninguna partida presupuestaria para esta tarea.

Los argumentos esgrimidos por los abogados del Estado españoles sobre la imposibilidad de investigar esas desapariciones, como la muerte de los responsables, la prescripción del delito y la ley de amnistía, no han convencido al comité.

Naciones Unidas manifestó también su inquietud por el escaso alcance de la ley de memoria histórica que hace recaer en los familiares de las víctimas las tareas de localización e identificación de sus desaparecidos cuando “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado”.

Hay argumentos de todo tipo en favor y en contra de abrir esta caja de Pandora sobre el pasado. Como extranjero que cubrí la Transición española entre 1975 y 1978, y que regresó a Madrid de forma permanente en 1986 (ésta vez no como corresponsal de prensa), yo creo que la clase política hizo un trabajo necesario en el contexto del momento histórico. Sin el llamado “pacto de silencio” (la renuncia a utilizar el pasado políticamente)y la amnistía de 1977 hubiera sido muy difícil, sino imposible, conseguir el consenso requerido para la constitución de 1978.

El general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de Defensa bajo Adolfo Suárez, acertó al avisar a Felipe González, antes de ganar las elecciones en 1982, que “no sería muy sabio desenterrar la guerra civil porque junto a las cenizas quedan brasas aún vivas”.

Visto desde la perspectiva de hoy, es fácil criticar algunos aspectos de la Transición y de la política del PSOE entre 1983 y 1996, pero esto no quita méritos a lo logrado (el más largo periodo de democracia, con todos sus defectos que no son pocos).

Estos pensamientos me vienen a la mente al leer el nuevo libro de Michael Richards, After the Civil War: Making Memory and Re-making Spain since 1936 (“Después de la Guerra Civil: haciendo memoria y rehaciendo España desde 1936”) publicado hace unos meses por Cambridge University Press. Es un estudio incisivo y erudito de la interacción entre memoria e historia, que suele ser escrita por los vencedores, y muy en particular en el caso de la España de la dictadura franquista.

El propósito de Richards, profesor asociado de Historia Europea en la Universidad del Oeste de Inglaterra y autor del igualmente penetrante A Time of Silence: Civil War and the Culture of Repression in Franco’s Spain, 1936-1945 (“El tiempo de silencio: la Guerra Civil y la cultura de represión en la España de Franco”, 1936-1945), no es pedir o contribuir al cerrojazo de este episodio trágico. En cambio, según el autor, el libro “reconstruye los motivos detrás de las acciones colectivas que articulan, transmiten y sostienen los reclamos sobre la memoria en su evolución desde la Guerra Civil.”

Es un tema fascinante porque, entre otras cosas, la memoria es un componente importante de la construcción identitaria. José Luis Rodríguez Zapatero sesgó en clave partidaria, a mi modo de ver de forma irresponsable, su reevaluación de la Guerra Civil y el régimen de Franco vía la controvertida Ley de Memoria Histórica.

A la vez, el libro es una vibrante historia social, con capítulos sobre la represión feroz después de la Guerra Civil, la migración masiva dentro de España durante los años 50 y el papel de la Iglesia en reconciliar los dos bandos.

Hace unos 16 años Antonio Muñoz Molina escribió un artículo con el llamativo título “La historia y el olvido” en donde dice “la cuestión es si elegimos la molestia de indagar las cosas que sucedieron o preferimos las comodidades del mito”. El libro de Richards es un rigorosa desmitificación de una época.

Mientras tanto, propongo que en el 40 aniversario de la muerte de Franco se transforme, por fin, el Valle de los Caídos en un espacio dedicado a la memoria de todas las víctimas de la dictadura, o se cierre.
http://www.elimparcial.es/nacional/la-politica-de-la-memoria-historica-131569.html